Sindicatos y colectivos sociales convocan una MARCHA A
MADRID EL 15 DE SEPTIEMBRE
Más de 150 organizaciones sindicales, profesionales y
sociales que forman parte de la Cumbre Social han convocado, para el 15 de
septiembre, una “GRAN MARCHA A MADRID”, así como otros actos de protesta para
los meses de agosto y septiembre, contra los recortes sociales y laborales
aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy y en defensa de los servicios
públicos y el Estado de bienestar.
Además de estas acciones, las organizaciones de la Cumbre
Social emplazarán al Gobierno a que convoque un REFERÉNDUM, con objeto de que
la ciudadanía se pronuncie sobre la política de recortes que está aplicando el
Ejecutivo, que supone una agresión sin precedentes a los derechos de la
ciudadanía y a la propia democracia. “Si el Gobierno no lo hiciera, ha
advertido el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, seremos las
organizaciones de la Cumbre llevemos a cabo la convocatoria de una CONSULTA
POPULAR y tras el resultado de la misma actuaremos en consecuencia”.
Sobre esta cumbre ha habido voces disconformes como la de Carlos Taibo y
el manifiesto impulsado por la Red
Autogestionaria Antiprivatización de la Sanidad, que acusan al PSOE de
estar detrás de esta maniobra.
DECLARACIÓN DE LA CUMBRE SOCIAL
Cuando en la segunda mitad de 2008, la economía productiva
de Estados Unidos y Europa se empieza a contagiar del enorme fraude iniciado en
el sistema bancario norteamericano con la emisión de unos sofisticados
productos financieros por valor de billones de dólares, los dirigentes
políticos europeos no se pusieron de acuerdo sobre el impacto de la crisis.
Unos negaron reiteradamente que la crisis financiera llegara a adquirir la
dimensión de crisis económica y productiva internacional; otros agitaron en sus
respectivos países el deterioro de los grandes indicadores macroeconómicos para
arremeter contra sus adversarios políticos en el Gobierno y acusarles de
incapacidad e insolvencia. Reclamaron desde la oposición las conquistas del
Estado de bienestar y proclamaron solemnemente su compromiso con los derechos
sociales y laborales.
Unos
y otros desoyeron las iniciativas de voces autorizadas de la economía y
fundamentalmente del movimiento sindical, exigiendo otra política para salir de
la crisis y medidas para la reactivación económica, el empleo y la cohesión
social. Después de vagas promesas de inversión pública dirigida a activar la
creación de empleo, los mandatarios de todo el mundo abrazaron la misma
política que había provocado la crisis: fuerte desregulación de derechos,
incompatibilidad entre el Estado social y el equilibrio de las cuentas
públicas, y máxima prioridad para contener el déficit en el menor tiempo
posible.
Tras cuatro años de liberalismo en estado puro el resultado
no admite dudas: más crisis, más recesión, más desempleo, menos cohesión
social, menos Estado e incremento sostenido de la injusticia y la exclusión
social. La política y la democracia empezaron a ser derrotadas por la economía
especulativa y los mercados financieros.
En España, la situación se nos antoja paradigmática. Los que
gobernaron ayer acabaron asumiendo “por responsabilidad” los postulados del
neoliberalismo. Los que lo hacen hoy ganaron las elecciones con un programa y
gobiernan con otro. Un descarnado ejercicio de fraude democrático que en el
caso del Gobierno de Mariano Rajoy parece no tener límites. En poco más de seis
meses ha acabado con la arquitectura del derecho laboral que surgió de la
transición democrática; hace más difícil la vida a las personas en paro;
empobrece a la inmensa mayoría de asalariados y pensionistas; se muestra hostil
con la inmigración; niega el presente y el futuro de los jóvenes; ensancha el
territorio de la desigualdad entre géneros y vuelve a negar el derecho de las
mujeres a decidir sobre el aborto; corta de raíz la cooperación al desarrollo;
penaliza la actividad de los autónomos; ningunea la investigación y la ciencia;
abandona a las personas dependientes y a quienes les atienden; arrincona la
cultura; deteriora los servicios públicos y asesta un duro golpe a la educación
y sanidad públicas; cuestiona y/o niega derechos y libertades en una acusada
deriva autoritaria; exhibe una voluntad enfermiza de perseguir a los sindicatos
y colectivos de representación ciudadana; se obsesiona con el déficit; olvida
la inversión pública, la actividad económica y el empleo; camina
inexorablemente hacia los 6 millones de parados a finales de 2012. Y todo ello
para tratar de encontrar la confianza de los mercados financieros y de la Unión
Europea, que no solo no logra, sino que recibe a cambio humillación y
desprecio.
Ha llegado el momento de decir basta. Así lo demuestran
miles de ciudadanos y ciudadanas que salen a la calle en distintos puntos del
país -quizás por primera vez en mucho tiempo- para defender sus derechos. El 19
de julio fueron millones de personas las que llenaron las calles de España para
rechazar los recortes del Ejecutivo.
Y en agosto volverán a salir manifestarse a pesar del
periodo estival. No vamos a parar. En septiembre, las organizaciones que hemos
participado en la Cumbre Social nos proponemos intensificar la movilización
social y democrática para hacerla más contundente y masiva. Recurriremos a
todos los instrumentos que la Constitución pone en nuestras manos y
expresaremos el firme rechazo de la mayoría de la sociedad a unas medidas que
arruinan la economía, contraen el consumo y quiebran el modelo de convivencia
de los últimos 35 años.
EL 15 DE SEPTIEMBRE CENTENARES DE MILES DE CIUDADANOS Y
CIUDADANAS MARCHARÁN A MADRID DESDE TODOS LOS RINCONES DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA
PARA DECIR NO A TANTA INJUSTICIA.
De inmediato emplazaremos al Gobierno a que no prolongue ni
profundice una política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para
que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas aprobadas. Si no lo hiciera,
seremos las organizaciones de la Cumbre Social las que llevemos a cabo la
convocatoria de una CONSULTA POPULAR y con el resultado de la misma actuar en
consecuencia. ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR.
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